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La exabadesa de Belorado defiende la legalidad de haber vendido 1,73 kilos de oro por 130.000 euros

La exabadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado (izquierda), citada a declarar como investigada en un delito de apropiación indebida

EFE

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La exabadesa del Monasterio de Belorado, Laura García de Viedma, ha declarado este viernes en el Juzgado de Briviesca acusada de estafa indebida, por la venta de 1,73 kilos de oro por 130.000 euros propiedad de la comunidad religiosa, y se ha defendido afirmando que no existe engaño, ni ánimo de lucro, y se trata de una acusación “artificial”.

García Viedma, excomulgada junto con las otras nueve monjas del convento burgalés que el pasado mayo anunciaron su salida de la Iglesia católica, se enfrenta a una investigación abierta por la Policía Nacional, que cuestiona su legitimidad para vender el oro tras la excomunión y el nombramiento del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio del monasterio.

En declaraciones a los periodistas tras la vista de diligencias previas, su abogado, Enrique García de Viedma, ha insistido en que “no existe engaño para nadie, no existe ánimo de lucro y no puede existir delito”, esa es la línea de la defensa de la exabadesa -sor Isabel- y lo que ha manifestado esta mañana en el Juzgado Primera Instancia e Instrucción 1 de Briviesca.

El abogado considera que la causa abierta contra García de Viedma es “completamente artificial”, que deriva de “una intervención del monasterio totalmente innecesaria a cargo de la Iglesia católica y del comisario pontificio, que no ha hecho más que causar problemas”.

Operación de venta legal

Laura García de Viedma vendió el pasado enero 1,73 kilos de oro propiedad del Monasterio de Belorado por 130.000 euros, de los cuales, 66.000 fueron los que percibieron en líquido, pues el resto se fue a pagar los préstamos de la entidad crediticia depositaria del oro.

El abogado ha asegurado que “entienden” que la exbadesa “podía disponer” del oro, en representación de la comunidad religiosa, en tanto se ha tramitado una transformación “válida a todos los efectos” de la comunidad monástica en asociación civil y, por tanto, “tenían la perfecta capacidad de disponer de sus bienes”.

También ha explicado, que al igual que cuando se compró el oro en 2022, la venta se hizo a nombre de García de Viedma pues este tipo de operaciones se deben realizar por una persona física, no jurídica, pero la defensa de sor Isabel afirma que todo es perfectamente legal.

E insisten que si sor Isabel se enfrenta a una acusación de estafa indebida se debe a que, después de que empresa comunicara a la Policía Nacional la venta del oro -como está obligada a hacerlo- a la Policía “le llamó la atención” al existir el nombramiento de Iceta como comisario pontificio, pensó “es posible que no pueda” y abrió un atestado que ha acabado en el Juzgado de Briviesca.

Entrada tarde y salida a la carrera

Laura García de Viedma ha llegado a las puertas del juzgado briviescano, en un vehículo conducido por sor Berit, a las 10:07 de la mañana, mientras que sus abogados -García de Viedma y Florentino Aláez- han llegado a pie, en ambos casos con retraso sobre la hora prevista, las diez de la mañana.

Más puntuales han sido los representantes del Arzobispado de Burgos, con el abogado Rodrigo Saiz a la cabeza, que han entrado en sede judicial minutos antes de la hora señalada sin hacer declaraciones. La exabadesa y sor Berit han salido en torno a una hora más tarde, a la carrera y por una puerta lateral del juzgado, sin querer hacer declaraciones a los medios, aunque sí ha indicado que se encuentran bien, y que ha salido contenta, igual que ha entrado a declarar.

El abogado de sor Isabel ha recordado, también ante los medios, que Mario Iceta tiene que acudir a declarar por una denuncia por coacciones, administración desleal y revelación de secretos, en principio el 6 de mayo aunque se ha pedido cambio de fecha por incompatibilidades.

Sobre el posible desahucio de las exreligiosas, con fecha de la vista oral el 13 de mayo, Enrique García de Viedma solo ha indicado que “esperan que no se realice porque creen que ellas han actuado en su derecho y así lo están defendiendo en los tribunales”.

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